Desde el 16 de enero del año pasado, los enfrentamientos y el control ejercido por grupos armados no estatales han forzado a más de 114.000 personas a desplazarse internamente en eventos masivos e individuales, según la Unidad para las Víctimas del Gobierno de Colombia. Adicionalmente, más de 45.000 personas han sufrido confinamiento o restricciones a su movilidad, según el Equipo Local de Coordinación (ELC) del departamento de Norte de Santander, que monitorea la situación desde Cúcuta.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha coordinado una respuesta enfocada en salvar vidas en el Catatumbo. Esto incluye la distribución de artículos esenciales para la población afectada, así como el despliegue de expertos en protección para apoyar a las instituciones locales y nacionales en el registro de la población, para identificar y abordar las necesidades más urgentes y para formular soluciones desde el inicio de la emergencia.
A pesar de estos esfuerzos, los drásticos recortes financieros para el sector humanitario, la persistencia del conflicto armado, el desplazamiento y el confinamiento siguen siendo particularmente graves para la población del Catatumbo.
Hoy persisten múltiples necesidades humanitarias. Desde mediados de diciembre y durante los primeros días de enero de 2026, más de 4.800 personas se han visto obligadas a desplazarse, según el monitoreo de ACNUR. A esto podrían sumarse las necesidades de personas que crucen la frontera desde Venezuela buscando protección, haciendo aún más difícil la situación para Norte de Santander y la región fronteriza.
El poder de la comunidad
En medio de estas complejas dinámicas, la esperanza pervive. Y hay personas, como Anderson León, un joven del Catatumbo, que cada día demuestran el poder de la comunidad para transformar su realidad.
Anderson, de 30 años, fue el quinto de ocho hermanos. Su infancia transcurrió entre labores del campo y un entorno cotidiano de violencia. “Uno normaliza muchas cosas cuando crece así”, recuerda.
El conflicto armado, las economías ilegales y la débil presencia institucional marcaron la vida de su comunidad. Para muchos niños y niñas del Catatumbo, imaginar un futuro distinto al impuesto por la violencia parecía casi imposible. “La universidad no estaba en nuestros planes. Nadie nos hablaba de eso”, explica.
Pero la vida de Anderson cambió en 2008, cuando conoció ADN Paz, una iniciativa comunitaria de la Diócesis del municipio de Tibú y ACNUR. A través del deporte, el juego y la educación, se propusieron trabajar con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para crear y fortalecer entornos protectores.
“Nos mostraron que había otras formas de vivir y de relacionarnos”, cuenta sobre esta iniciativa que promueve derechos, liderazgo y participación.
Como muchas familias del Catatumbo, la de Anderson tuvo que buscar un lugar más seguro para vivir, donde él pudiera terminar el bachillerato. Y, gracias al respaldo de redes comunitarias y programas de acompañamiento de actores humanitarios, estudió comunicación social en la Universidad Francisco de Paula Santander.
Con sus estudios y convencido de que la transformación debía construirse desde adentro, Anderson decidió regresar a trabajar en Catatumbo. “Si otras personas vienen a apoyar la región, ¿por qué yo no iba a hacerlo?”, afirma.
Desde 2020, Anderson ha estado vinculado a iniciativas y programas de construcción de paz, buscando reconstruir el tejido social y prevenir nuevas violencias. Además, impulsó la Fundación Deportiva Catatumbo – Huellas de Paz, que acompaña a más de 200 niñas, niños y jóvenes mediante el deporte como herramienta de inclusión, protección y construcción de proyectos de vida.
“En muchos momentos, la acción humanitaria es la única acción de paz en el Catatumbo”, afirma Anderson. “No se trata solo de ayuda inmediata, sino de procesos que forman y devuelven la esperanza”.
Hoy, ACNUR continúa apoyando a las autoridades locales, trabaja con las comunidades y organizaciones de base para garantizar protección, asistencia y acceso a derechos, así como con instituciones clave como la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, para buscar respuestas del Estado más efectivas, desde la prevención y las soluciones al desplazamiento. En todas estas iniciativas, mantener a las personas en el centro de la respuesta humanitaria es fundamental.
“La historia de Anderson nos recuerda la fuerza de quienes resisten. Promover el empoderamiento y el liderazgo comunitario, fortalecer los mecanismos de autoprotección y avanzar hacia soluciones duraderas sigue siendo una de las formas más concretas de sembrar paz en medio del conflicto”, señala Simone Schwartz-Delgado, Representante Adjunta de ACNUR.
A pesar de los desafíos, Anderson mira hacia adelante. Confía en llevar los procesos comunitarios a más municipios de la región y consolidar iniciativas que perduren en el tiempo. “La paz se construye cuando los niños y jóvenes tienen alternativas reales”, concluye.