El pasado 30 de diciembre de 2025 marcó un hito en la respuesta del Estado al desplazamiento forzado interno en Colombia. Con la aprobación del CONPES 4180 de Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado, surgió una nueva política pública para superar las barreras que enfrentan las personas desplazadas internamente y promover su integración.
Desde hace décadas, Colombia enfrenta una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo. Más de 7 millones de personas desplazadas internamente aún requieren asistencia y reparación. Según datos oficiales, el 82% de esta población no ha superado su situación de vulnerabilidad; 9 de cada 10 viven en pobreza; 7 de cada 10 enfrentan barreras para acceder a un empleo estable; más de la mitad de los hogares sufre inseguridad alimentaria y casi 9 de cada 10 no cuentan con una vivienda adecuada.
La persistencia del conflicto armado, la violencia y los recortes de financiamiento al sector humanitario incrementan los desafíos para garantizar tanto respuestas en emergencias como soluciones sostenibles.
En este complejo entorno, el CONPES 4180 ofrece una hoja de ruta para el Estado entre 2025 y 2035, con una inversión proyectada de más de 10 billones de pesos. Esta nueva política incorpora el enfoque de soluciones duraderas en la agenda nacional de desarrollo y paz, orientando inversiones y acciones de desarrollo a largo plazo, impulsando que millones de personas desplazadas puedan recuperar sus proyectos de vida, autonomía y alcanzar una plena integración.
ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, que durante más de 25 años ha trabajado con el Estado colombiano en el fortalecimiento de respuestas integrales al desplazamiento forzado interno, apoyó la formulación del CONPES 4180. Mediante asistencia técnica, ACNUR facilitó herramientas conceptuales, análisis y metodologías para la incorporación de estándares internacionales.
“Esta política pública responde al desafío urgente de garantizar derechos y promover la inclusión socioeconómica de millones de personas desplazadas internamente”, afirmó Giovanni Lepri, Representante de ACNUR en Colombia. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando al Gobierno de Colombia y a las comunidades en la implementación del CONPES, para avanzar hacia soluciones duraderas reales y sostenibles”.
Participación, diálogo y rendición de cuentas
“Este proceso permitió que nuestras voces fueran escuchadas y que las soluciones no se diseñaran desde el escritorio sino desde los territorios”, señaló Carmen Aguas, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Unión Victoria de Tumaco. “El documento recoge necesidades reales en educación, vivienda y empleo, claves para reconstruir nuestras vidas”.
La aprobación del CONPES 4180 fue posible gracias al compromiso del Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad para las Víctimas (UARIV) y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Contó con el apoyo del Fondo de Soluciones para el Desplazamiento Interno (IDSF, por sus siglas en inglés), liderado por ACNUR, con el respaldo técnico de otras agencias de Naciones Unidas como el PNUD, la OIM y ONU-Hábitat.
En un contexto marcado por la persistencia de la crisis humanitaria y la reducción de recursos, ACNUR hace un llamado a sumar más esfuerzos para que esta política se traduzca en soluciones concretas y sostenibles para las víctimas de desplazamiento interno en Colombia.
De cara a la formulación del CONPES 4180, ACNUR favoreció un proceso participativo de 2.600 personas desplazadas internamente, representantes de comunidades de acogida, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales, académicos y expertos. Entre 2024 y 2025, estas personas participaron activamente en la formulación de esta política pública, contribuyendo a que responda a las realidades, necesidades y capacidades de los territorios.
Para garantizar la participación, ACNUR promovió una metodología basada en tres componentes: participación informada, diálogo y retroalimentación.
El ejercicio incluyó una estrategia pedagógica orientada a facilitar la comprensión del contenido del CONPES, así como la realización de 14 encuentros regionales, mesas temáticas nacionales y espacios específicos de diálogo con organizaciones de derechos humanos y pueblos étnicos.
Además, se desarrollaron sesiones de retroalimentación para explicar cómo los aportes recogidos fueron incorporados en el documento final, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Respuestas integrales para territorios priorizados
El CONPES 4180 establece una respuesta integral del Estado con tres objetivos, 12 líneas de acción y 66 acciones, que involucran a 24 instituciones del orden nacional, incluida la Defensoría del Pueblo, para fortalecer la protección de derechos, prevenir nuevas vulneraciones y asegurar el seguimiento de la política.
La estrategia prioriza los territorios que concentran la mayor parte de la población desplazada internamente, y podría beneficiar a cerca de 5 millones de personas, incluyendo sus comunidades de acogida.
La política se articula en torno a elementos catalizadores como generación de ingresos, vivienda y hábitat, tierras, salud, educación, cohesión social y participación comunitaria. Asimismo, incorpora un enfoque de área que permitirá desplegar estrategias integrales de intervención adaptadas a las particularidades de cada contexto territorial.