ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, otras agencias de la ONU y organizaciones humanitarias instan a los Estados a proteger a las personas refugiadas y migrantes que se encuentren en peligro en el mar, entre otras cosas, reforzando las operaciones de búsqueda y rescate (SAR, por sus siglas en inglés) y garantizando que no se criminalice a los rescatistas.
La petición se debe al creciente número de víctimas en el mar: cada año, miles de personas se arriesgan a realizar viajes mortales en un intento desesperado por huir de la pobreza, las persecuciones y otras formas de violencia. Muchos viajan en embarcaciones abarrotadas, precarias e inseguras, sin el equipo de seguridad adecuado; además, se enfrentan a condiciones peligrosas que ponen en riesgo sus vidas. Dado que los esfuerzos de rescate son limitados y barreras son cada vez mayores, se han perdido innumerables vidas.
Mediante una petición conjunta, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatoría Especial de la ONU sobre la Trata de Personas, la Relatoría Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, y la Fundación para la Acción Humanitaria en el Mar han emitido una declaración en la que recuerdan a los Estados sus obligaciones jurídicas internacionales de rescatar a las personas en peligro, defender las salvaguardas de los derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el mar.
La declaración también aboga por una mayor capacidad de búsqueda y rescate a través de la colaboración con los sectores privado y humanitario, y el establecimiento de acuerdos regionales para mejorar la coordinación. También se anima a los Estados a que establezcan mecanismos de supervisión, investiguen las faltas de asistencia y garanticen la transparencia de las operaciones de búsqueda y rescate para salvaguardar de mejor forma a quienes se encuentran en el mar.
ACNUR también espera reanudar los debates sobre la cuestión del “peligro en el mar” en los foros internacionales, con el fin de impulsar un cambio significativo en las prácticas y políticas públicas que, en última instancia, defienda el derecho a la vida en el mar.
El texto completo está disponible en la declaración conjunta, que se titula Distress at sea (Peligro en el mar).
