GINEBRA – Los repetidos impactos del cambio climático vuelven a provocar desplazamientos masivos de población en Mozambique. Desde comienzos de año, intensas inundaciones han anegado comunidades del centro y el sur del país —regiones ya castigadas por otros episodios extremos del clima, como tormentas tropicales, ciclones y periodos de sequía— y han obligado a huir a unas 392.000 personas. Estas últimas inundaciones añaden presión a un país que ya lidia con el conflicto en el norte, el cual provocó el desplazamiento de más de 300.000 habitantes solo en la última mitad de 2025.
En las provincias más afectadas, como Gaza, Maputo y áreas del centro del país, las aguas subieron con tal rapidez que apenas hubo tiempo para preparar la evacuación. Muchas familias escaparon sin las pertenencias más básicas ni documentos de identidad. Padres y madres relatan una huida caótica hacia terrenos elevados, durante la cual algunos niños quedaron separados de sus familias, mientras las personas mayores o con discapacidad tenían dificultades para seguir el ritmo.
Las medidas preventivas y la rápida respuesta liderada por el Gobierno, coordinada con organizaciones humanitarias y apoyada por el sector privado, han evitado una tragedia aún mayor. Pese a las severas limitaciones de acceso y a las difíciles condiciones sobre el terreno, cerca de 20.000 personas fueron evacuadas por aire, agua y carretera, utilizando todos los medios de transporte disponibles.
Unas 100.000 personas se refugian ahora en alrededor de un centenar de centros de acogida temporales —escuelas y edificios públicos— que presentan una grave saturación, lo que incrementa los riesgos de protección. Muchos de estos espacios, especialmente en zonas remotas, carecen de adecuada privacidad, iluminación y servicios básicos, lo que genera condiciones peligrosas para las personas más vulnerables. Las mujeres y niñas, en particular, se enfrentan a un mayor peligro de violencia de género, explotación sexual y abusos. Muchas arrastran un profundo malestar psicológico tras vivir desplazamientos repetidos desde las grandes inundaciones de 2000 y 2013. Las personas mayores y con discapacidad, por su parte, encuentran enormes dificultades para acceder a ayuda en instalaciones que no contemplan sus necesidades.
A pesar de que las lluvias más intensas han remitido, miles de personas siguen aisladas en las zonas más afectadas. Las carreteras inundadas y los puentes colapsados complican el acceso humanitario y retrasan la entrega de asistencia vital. La destrucción de infraestructuras esenciales —vías de comunicación, sistemas de agua, escuelas y centros de salud— agrava aún más la emergencia. Muchos centros educativos y sanitarios han quedado dañados o se han reconvertido en refugios improvisados.
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto con sus socios, apoya al Gobierno mozambiqueño para atender las necesidades más urgentes, especialmente en la provincia de Gaza. Equipos móviles de protección trabajan sobre el terreno para identificar y responder a los riesgos más críticos entre las personas más expuestas, y se están reforzando los servicios prevención y respuesta, incluida la atención a la salud mental y apoyo psicosocial. No obstante, la respuesta humanitaria está bajo una presión severa: la crisis se superpone al desplazamiento provocado por el conflicto en el norte, que ya había agotado las reservas de emergencia. Los problemas de acceso, la falta de financiación y la magnitud de las necesidades limitan la capacidad de los socios para estabilizar los centros saturados y de llegar a todas las personas afectadas con la rapidez necesaria.
Esta crisis vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Mozambique ante la convergencia de múltiples emergencias —climáticas y de seguridad— y, con las previsiones de nuevas lluvias y el alto riesgo de nuevas inundaciones, la posibilidad de que produzcan de nuevos desplazamientos sigue siendo elevada. Es imprescindible un apoyo internacional urgente para reforzar los servicios de protección, ampliar la asistencia vital, aliviar la presión sobre las comunidades de acogida ya saturadas y prevenir el deterioro de las condiciones de las familias desplazadas.
ACNUR necesita 38,2 millones de dólares en 2026 para responder a las crecientes necesidades en el país y garantizar servicios esenciales para personas refugiadas, desplazadas internas y de las comunidades locales de acogida.