GINEBRA – Este año se cumplen nueve años desde el desplazamiento forzado a gran escala de refugiados rohingya desde Myanmar hacia Bangladesh. Junto a sus socios, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que no olvide a los 1,2 millones de refugiados que viven en Bangladesh, la mayoría en campamentos en Cox’s Bazar.
Durante décadas, la población rohingya ha sido expulsada de sus hogares en el estado de Rajine (Myanmar), y Bangladesh ha brindado protección a sucesivas oleadas de refugiados desde finales de los años setenta. La mayor afluencia tuvo lugar en agosto de 2017, cuando unos 750.000 rohingyas se vieron obligados a cruzar la frontera. El apoyo generoso de Bangladesh y de la comunidad internacional ha sido clave para cubrir sus necesidades básicas y garantizar su protección.
El llamamiento de ACNUR se produce en un contexto de creciente inestabilidad global y de aumento de las presiones humanitarias, que han obligado a tomar decisiones difíciles de priorización y han puesto en riesgo servicios esenciales para las poblaciones más vulnerables.
El pasado mes, en Bangladesh, Naciones Unidas y sus socios —en coordinación con el Gobierno— solicitaron un renovado respaldo internacional, con un llamamiento de 710,5 millones de dólares para cubrir las necesidades más urgentes de los refugiados rohingya y de las comunidades de acogida. A pesar del incremento de las necesidades, esta respuesta, basada en una estricta priorización, es un 26 % inferior a la del año pasado.
Desde 2017, la financiación humanitaria destinada a la respuesta a los refugiados rohingya ha permitido a Bangladesh mantener asistencia vital y avanzar de forma significativa en ámbitos como la educación, la salud y la protección. Sin embargo, las necesidades humanitarias siguen siendo elevadas y, sin una solidaridad internacional sostenida, la situación de las familias rohingya corre el riesgo de deteriorarse.
En un contexto de recortes pronunciados en la ayuda humanitaria y al desarrollo, los refugiados rohingya siguen dependiendo en gran medida de la asistencia. Las limitadas oportunidades económicas y la reducción de la ayuda continúan afectando a los hogares. La situación es aún más grave para los grupos más vulnerables —entre ellos mujeres y niñas, personas con discapacidad y mayores—, así como para cerca de 150.000 nuevas personas llegadas que huyeron de la reanudación de la violencia en el estado de Rajine desde principios de 2024.
Mientras continúan la violencia selectiva, la persecución y el conflicto en el interior de Myanmar, las perspectivas de retorno se desvanecen. Ante este escenario, cada vez más refugiados se enfrentan a decisiones desesperadas, entre ellas emprender peligrosas travesías marítimas —a menudo mortales— en busca de oportunidades en la región. El año 2025 fue el más letal registrado para estos desplazamientos: cerca de 900 refugiados rohingya fueron declarados desaparecidos o muertos en el mar de Andamán y la bahía de Bengala.
En este contexto, el llamamiento se centra en las necesidades humanitarias más críticas. La inversión en resiliencia y autosuficiencia resulta esencial para preservar la dignidad y la esperanza, así como para reducir la dependencia a largo plazo de la ayuda.
La comunidad internacional ha respondido al llamamiento priorizado, que actualmente cuenta con un 60 % de financiación. Sin embargo, mantener únicamente niveles mínimos de asistencia humanitaria podría generar consecuencias más complejas, graves y costosas.
Hasta que cesen el conflicto y la violencia, la comunidad internacional debe seguir mostrando su solidaridad con los refugiados procedentes de Myanmar, incluidos los rohingya, así como con las comunidades de acogida, garantizando la ayuda humanitaria y redoblando los esfuerzos para hacer posible un retorno voluntario, seguro y digno.