Suabo estaba en la cocina, preparando comida para su familia, cuando escuchó a las niñas y niños aterrorizados: “¡Hombres armados! ¡Están invadiendo la ciudad!”, gritaron.

Suabo se quedó perpleja. Solo había oído hablar de ataques esporádicos menores en el pasado, pero nunca cerca de su casa en Palma, en el norte de Mozambique, así que siguió cocinando.

Una hora más tarde, las niñas y niños estaban de regreso; esta vez, hablaban de bombas. Suabo se asomó y vio gente corriendo por las colinas hacia la playa, cerca de su casa.

Incapaz de encontrar a su esposo, quien había salido a trabajar, Suabo llamó de inmediato a su hija y la instó a que se llevara a su bebé. Se unieron agitadamente a otras personas de la aldea que huían y, en medio del pánico y del caos, lograron saltar a una embarcación que transportaba a varios empleados y contratistas de la empresa de energía francesa Total.

Desde el barco, pude ver cómo los hombres armados le disparaban a la gente. Logramos escapar, pero muchos otros barcos se quedaron atrapados”, recordó Suabo, de 40 años.

“Desde el barco, pude ver cómo los hombres armados le disparaban a la gente”, recordó Suabo.

Llegaron al hotel Amarula en otra parte de la ciudad. Pasaron la noche afuera sin agua ni comida, pero el hotel también fue atacado, lo que los obligó a correr y a esconderse en el monte durante tres días antes de lograr escapar de Palma en una embarcación.

La ciudad costera fue atacada el 24 de marzo por grupos armados irregulares. El ataque obligó a huir a más de 11.000 personas, quienes, como Suabo, han llegado a las distintas localidades de Pemba, Nangade, Mueda y Montepuez a pie, por carretera y por mar.

Suabo y su familia desembarcaron en Pemba una semana después, junto con otras 1.100 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños. Todas ellas llegaron exhaustas, sin casi nada, con signos de traumatismo severo por las atrocidades que presenciaron y con la preocupación por la situación de sus parientes que dejaron atrás.

Estas personas son afortunadas, ya que miles todavía están varadas en Palma, escondidas y sin saber si podrán escapar”, expresó Margarida Loureiro, jefa de la oficina de ACNUR en Pemba. Junto con las autoridades locales y los socios, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha estado investigando y verificando los detalles de las personas recién llegadas y realizando evaluaciones de protección para identificar a las más vulnerables que necesitan asistencia urgente. Las personas identificadas son referidas a varios servicios y se les ayuda a localizar y reunirse con miembros de su familia. Cerca del 80 por ciento de las personas separadas son mujeres, niñas y niños. También se está capacitando al personal de los socios para proteger a las personas desplazadas internas (PDI) de la violencia de género y la explotación sexual.

La mayoría de las familias desplazadas se quedan con familiares y amistades, pero las personas como Suabo, que no tienen familiares, se alojan en un centro de tránsito establecido por el gobierno, donde reciben asistencia alimentaria, colchonetas y mantas. Al 6 de abril, aproximadamente 250 personas desplazadas seguían viviendo en el centro de tránsito.

Suabo se siente aturdida y se pregunta qué pasará después. Está triste y preocupada después de haber sido separada de su esposo y de sus otros tres hijos. “Me quitaron mi casa, mis pertenencias, pero, lo peor de todo, me quitaron mi mayor regalo en la vida: mi familia”, lamentó.

Deseo que el conflicto se detenga. No quiero que otras personas pasen por lo que yo estoy pasando“, dijo Suabo.

Al igual que Suabo, Lucía también huyó en una embarcación y actualmente se encuentra alojada en el centro de tránsito. Ambientalista y trabajadora de una ONG, le preocupa el futuro y tiene miedo de volver a casa. “Necesitamos la ayuda de organizaciones humanitarias. Hay tantas mujeres y niños aquí separados de sus familias”, expresó.

Antes del último ataque en Palma, la escalada de violencia en Cabo Delgado ya había desplazado a casi 700.000 personas mozambiqueñas a otras partes de las provincias de Cabo Delgado, Niassa y Nampula; la gran mayoría vive con familias de acogida, cuyos escasos recursos ya están agotados.

La situación ha impactado gravemente a las instalaciones sanitarias, de agua y de alojamiento, así como al acceso a los alimentos en la región. La terrible crisis humanitaria se ha agravado por la frágil situación que ya imperaba en el país debido al subdesarrollo, los desastres naturales que ocurren con frecuencia y la recurrente propagación de enfermedades (con inclusión de la COVID-19 en fechas recientes).

Mientras ACNUR y sus socios continúan aumentando la asistencia a las miles de personas desplazadas, Suabo espera que la paz regrese a su ciudad natal. “Deseo que el conflicto se detenga. No quiero que otras personas pasen por lo que yo estoy pasando ahora”, señaló.

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